El colectivo de graduados sociales andaluces, compuesto por más de 9 mil profesionales y operadores jurídicos, han recordado hoy a las instituciones públicas y los partidos políticos que “deben centrarse en garantizar la justicia social, en especial en el ámbito de las relaciones laborales, el trabajo, como elemento que dignifica a las personas”. Así lo ha manifestado el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández, con motivo del día Mundial de la Justicia Social, instaurado en 2007 por la ONU para recordar la importancia de “visibilizar y concienciar sobre el valor del respeto igualitario de los derechos y las obligaciones de cada ser humano”.
El presidente de este colectivo andaluz de operadores jurídicos ha reivindicado que los gobiernos central y autonómico “trabajen de manera prioritaria en los derechos sociales, que hagan más justa y equitativa nuestra sociedad”. En este sentido, ha puesto de manifiesto el papel de los graduados sociales en el concepto de la Justicia Social, y los impedimentos y falta de recursos que afectan a los justiciables, “a los ciudadanos, en última instancia”.
Así, ha recordado la situación de parálisis que sufren los juzgados de lo Social en Andalucía; las demandas jurídicas del colectivo: el acceso a los Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo, y al Turno de Oficio; la especialización de los jueces de lo Social y, en general, soluciones a los impedimentos y falta de recursos que afectan a los justiciables, “a los ciudadanos, en última instancia”.
José Blas Fernández ha asegurado que “no hay mejor barómetro de la situación social que los despachos profesionales de los graduados sociales, especialmente en nuestro tejido productivo, compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas”.
“Nuestro objetivo fundamental es velar, en el marco de las relaciones laborales, por la promoción del desarrollo y la dignidad humana, tal como señala Naciones Unidas en este día dedicado a la Justicia Social universal.”, ha señalado el presidente de los Graduados Sociales, una profesión que enmarca su emblema corporativo con el sello de la Justicia Social.