El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba celebró el pasado viernes su jornada festiva con motivo de su patrón, San José Artesano, un acontecimiento que puso de manifiesto “el importante papel de nuestros profesionales y operadores jurídicos en asegurar y garantizar los cimientos de la Justicia Social”, destacó su presidenta, Carmen María Castro Coto.
La jornada se vivió en dos actos, la solemne ceremonia de entrega de juramento de nuevos colegiados, celebrada en el salón de actos de la Ciudad de la Justicia y, posteriormente, el almuerzo de confraternidad en la Hacienda de la Albaida.
En el primer acto, bajo la presidencia de Francisco de Paula Sánchez Zamorano, presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, han jurado o prometido cinco nuevos graduados sociales: Verónica Bernabeu García; Encarnación Prospín López; María Victoria Nevado Malina; Rafael Sánchez León y María del Rosario Jiménez Martas. Estos colegiados se incorporan así la profesión como operadores jurídicos del Orden Social.
La ceremonia ha contado con la asistencia de las siguientes autoridades: Fernando Sobrón Ostos, fiscal-jefe de la Fiscalía de Córdoba: José Blas Sánchez Fernández, presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales y presidente de honor del Consejo General; José Ramón Barrera Hurtado, vocal del Consejo General, en representación del presidente; José Antonio Guerra Moral, secretario coordinador de Justicia de España; Francisco José Velasco Ortiz, magistrado del Juzgado Número 1 de Córdoba; Antonio Jesús Rodríguez Castilla, magistrado del Juzgado de lo Social Número 3 de Córdoba; Esteban Rondón Mata, delegado de Justicia Juvenil y Cooperación de lo Social de la Junta de Andalucía; Raquel López Mariana, delegada de Justicia de la Junta de Andalucía, Administración Local y Función Pública; José Manuel Gómez Muñoz, presidente del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales; Nuria Ceular Villamandos, decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Córdoba; Alicia Vílchez López, directora provincial del SEPE; representantes de la Inspección de Trabajo, y miembros del Consejo Andaluz de Graduados Sociales en representación de los colegios de Málaga, Jaén, Sevilla, Granada y Huelva; del Colegio de Abogados y del de Procuradores; y miembros de la junta de gobierno del Colegio de Graduados Sociales de Córdoba.
Para la presidenta del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba, “es un honor darles la más cálida bienvenida a estos nuevos colegiados. Es un día en el que se reconoce oficialmente el duro trabajo, la dedicación y el compromiso demostrado en el camino para convertirse en graduados sociales. Esta profesión, esencial en el ámbito de las relaciones laborales y la justicia social, requiere de una dedicación constante, una ética inquebrantable y un profundo conocimiento de la ley”, aseguró Carmen María Castro Coto.
“Como nuevos miembros de este ilustre colegio, se embarcan en una travesía profesional que les llevará a contribuir significativamente a la justicia y al bienestar social. No olviden que su labor tiene un impacto directo en la vida de las personas, en la equidad y en la Justicia Social. Les insto a ejercer su profesión con integridad, pasión y excelencia. Recuerden que el Colegio Oficial de Graduados Sociales está aquí para apoyarlos, asesorarlos y acompañarlos en cada paso de su carrera”, añadió la presidenta.
Tras la ceremonia oficial en el escenario solemne de la Ciudad de la Justicia, la jornada continuó en la Hacienda de la Albaida, celebrándose el tradicional almuerzo de confraternización y la entrega de las distinciones anuales.
Las Medallas al Mérito Profesional 2023 en la categoría de oro (25 años) han sido impuestas a Santiago Abalas Guerrero; Juan Mata Castro; Isabel María Ortega Guerrero; Feo. Manuel de Toro García; Inmaculada Pozuelo Jiménez; Francisco Ruiz Gálvez y Mª José Ordoñez Pedregosa.
En categoría de plata (20 años), a Mª del Pilar Navarro Cantarero; Miriam Olloqui Escribano; Soledad Fernández Salas; Barbara Sicilia Ariza; Mª Lourdes Luque Calero; Antonio Miguel Granados Jurado y Jacinta Fernández Marín.
Finalmente, en la categoría de bronce (10 años), a Jesús Rodríguez Reyes; Vicente Muñoz Tasset; Manuel Delgado Eslaba y Andrés Moyana Rodríguez.
Del mismo modo, el colegio ha hecho entrega de placas de Honor a María Francisca Calderón Caballero; Manuel Jesús González Cantón; Antonio Bracero Montoro y Federico Tocar Bustos.
Durante su discurso a los galardonados y al público presente, la presidenta del colegio resaltó las continuas demandas que los graduados sociales presentan a las diferentes autoridades con responsabilidades en el sector social y laboral. Subrayó la importancia de contar con jueces especializados y la integración de estos profesionales del derecho en el sistema de turno de oficio, asegurando así la justicia gratuita en este campo. También enfatizó la necesidad de facilitar el acceso a los recursos de casación ante el Tribunal Supremo. Además, hizo hincapié en la importancia de contar con administraciones centradas en servir a los ciudadanos, destacando la necesidad de que sean accesibles y abiertas, especialmente en la gestión cada vez más compleja de las relaciones laborales y sus implicaciones, tal como expresó.
En un momento en que España atraviesa cambios significativos en el ámbito social y laboral, el papel del graduado social cobra una relevancia excepcional, y merece ser enaltecido y reconocido en toda su magnitud. Estos profesionales, verdaderos pilares en la intersección de la Justicia Social, el asesoramiento empresarial y la protección de los derechos de los trabajadores, son fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro tejido social y económico.
Los graduados sociales, con su profundo conocimiento y experiencia, se sitúan en la vanguardia de la interpretación y aplicación de las leyes y normativas que rigen nuestras relaciones laborales. En un entorno de constante evolución, donde las reformas y nuevas regulaciones son una constante, su rol se convierte en imprescindible para garantizar que empresas y trabajadores no solo cumplan con sus obligaciones, sino que también ejerzan sus derechos adecuadamente.
Su labor va más allá del mero cumplimiento legal; actúan como mediadores, consejeros y defensores de la Justicia Social. En sus manos, las empresas encuentran la guía necesaria para adaptarse a las cambiantes normativas, manteniendo a la vez la competitividad y el respeto por los derechos de sus empleados. Para los trabajadores, representan una fuente inestimable de apoyo y asesoramiento, asegurando que sus condiciones de trabajo sean justas y sus derechos, respetados.
En tiempos de cambios y retos, como los que actualmente enfrentamos, la figura del graduado social se convierte en sinónimo de estabilidad y confianza. Su compromiso inquebrantable con la equidad y su perspectiva equilibrada en la gestión de las relaciones laborales son más necesarios que nunca. Son ellos quienes, con su dedicación y esfuerzo, garantizan que el sistema funcione como debe, protegiendo los intereses de todas las partes involucradas y contribuyendo a la creación de un entorno laboral más justo y equitativo.
El graduado social no es solo un profesional indispensable; es un verdadero agente de cambio, un defensor de la justicia laboral y un pilar esencial para el buen funcionamiento de nuestras empresas y la protección de nuestros trabajadores. Su labor merece no solo nuestro reconocimiento, sino también nuestro más profundo agradecimiento.