El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, José Blas Fernández Sánchez, ha manifestado hoy el rechazo de estos profesionales y operadores jurídicos del Orden Social a la inhabilitación de los juzgados del 24 de diciembre al 6 de enero, y la consecuente inoperatividad de estos órganos para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales.
“Mientras el Tribunal Supremo y el Superior de Justicia de Andalucía reconocen que se está produciendo un colapso de las juzgados de lo Social, el Gobierno manda parar y dicta unas vacaciones de dos semanas, con el consiguiente aumento de retrasos en asuntos de gran calado social, como son los laborales”, destaca el presidente del Consejo Andaluz de Graduados Sociales.
Esta reforma, cuya votación se producirá este jueves en el Congreso, prevé una tramitación de urgencia en el Senado, con la previsión de estar aprobada antes de las fiestas navideñas. Esto generaría una situación de “cierre de los juzgados en un momento en el que no estamos para vacaciones, sino para acelerar el ritmo de tramitación de asuntos, señalamientos de juicios y ejecución de sentencias. Los graduados sociales estamos recibiendo señalamientos para el año 2026. ¿De verdad es viable declarar inhábiles 8 días entre el 24 de diciembre y el 6 de enero?”, se pregunta José Blas Fernández.
La propia Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, establece una serie de excepciones ante la declaración de periodos inhábiles en los juzgados: extinción del contrato de trabajo, impugnación de resoluciones administrativas de expedientes de regulación de empleo, de convenios colectivos, tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, etc. Tampoco serán inhábiles estos días, según la misma Ley, la adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, entre otras situaciones.
El representante de estos profesionales andaluces pone el foco en la gravedad de la situación de la Justicia del Orden Social. “Lo que menos necesitamos es más motivos de paralización en los distintos estratos judiciales, porque hablamos de casos que afectan a trabajadores y empresas, de cuya resolución dependen asuntos de índole laboral que afectan a personas que quedan en una situación precaria”. El presidente del Consejo añade aquellas situaciones que, antes de llegar a los juzgados de lo Social, deben pasar por organismos de negociación extrajudicial en plazos establecidos, como es el caso de los centros de mediación y arbitraje, CMAC y SERCLA. “No estamos para paralizar nuestra Justicia Social, sino todo lo contrario, para buscar fórmulas que solucionen el colapso actual”, resalta José Blas Fernández.