El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha mostrado hoy su preocupación tras conocerse los datos hechos públicos por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, que señalan un incremento del 5% en el gasto en pensiones, para alcanzar otro máximo: 9.681 millones de euros. Se suman así 43 meses consecutivos de crecimientos superiores al 1%.
El presidente del Consejo, José Blas Fernández Sánchez, ha mostrado la preocupación de estos profesionales y operadores jurídicos del orden social y laboral en relación a la sostenibilidad del sistema público, “objeto de una gran preocupación entre la ciudadanía, que detectamos en nuestros despachos porque los graduados sociales somos los únicos profesionales facultados, por ley, para representar a cualquier persona en la gestión de sus prestaciones por jubilación”.
“Constantemente nos llegan consultas y dudas sobre el futuro del sistema de pensiones, dependiente de la Seguridad Social, y de la merma del Fondo de Reserva, con proyecciones sobre su posible agotamiento en un corto plazo de tiempo”, subraya.
Estos profesionales quieren poner en marcha en los próximos meses un debate social en nuestra comunidad sobre la sostenibilidad de un sistema que comprende distintas clases de prestaciones: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad, etc., “que salen de la misma hucha de manera creciente, mientras las aportaciones se reducen”, destaca el presidente del Consejo.
“Hay que analizar seriamente las proyecciones de ingreso del sistema y cruzarlas con los datos de tendencia demográfica e incremento de la edad media de lo población, que superará los 50 años en solo una década, reduciéndose paulatinamente la base de personas en edad de trabajar y contribuir al sistema de pensiones», sostiene José Blas Fernández.
El presidente de los graduados asegura que el tema de las pensiones se merece un debate profundo en el que se pueda conocer la opinión de expertos. «Hay muchas palancas que tocar: algunas voces sostienen que se debe excluir del sistema público de las pensiones las de viudedad y orfandad», añade.
Los sistemas de inspección, las proyecciones de futuro con las contribuciones actuales, la baja natalidad, la compatibilidad de trabajar y cobrar la jubilación o la lucha contra el fraude son otros de los temas que deben formar parte de este debate sobre el futuro de las pensiones.
La preocupación de este colectivo, que presenta a más de 9 mil profesionales en Andalucía, se extiende al desequilibrio existentes entre comunidades autónomas. Mientras que la pensión media en el País Vasco asciende a 1.233,41 euros al mes, en Andalucía es de 889,3 euros, entre las más bajas de España junto a Galicia y Murcia.
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