Es admirable la valentía de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en su intento de mejorar las condiciones de los trabajadores. Aun estando en funciones, entiende que puede resolver el problema de la falta de ingresos del sistema de la Seguridad Social, que, según ha dicho en tono de crítica, el Gobierno anterior dejó sin resolver. Y es de admirar principalmente porque las decisiones que ha tomado han sido obviando su inicial intención de derogar la reforma laboral establecida en 2012 para evitar la quiebra de no pocas empresas, cuyo resultado puede permitir con mayor probabilidad de éxito llevar a cabo las ideas de la señora Valerio.
Está claro que hay empresarios que no cumplen estrictamente con las reglas de contratación y que para evitarlo se hacía necesario una mayor acción inspectora ampliando el número de personas que la llevarán a cabo. Como también se hacía preciso el control del tiempo de trabajo para evitar abusos en su cumplimiento. Pero imponer ambas cosas de forma indiscriminada puede llevar a situaciones de dudosa seguridad jurídica, como puede ser la contratación fija-discontinua o fija a tiempo parcial en actividades que se realizan durante escasos días y no siempre en las mismas épocas del año; así como la posibilidad de imponer la cotización adicional por horas extraordinarias a los empleados cuyas condiciones laborales están fuera del convenio colectivo, que por realizar viajes y otras funciones de dirección están más horas al servicio de la empresa.
Otras mejoras son buenas, pero aplicadas en conjunto resultan excesivamente costosas. Un ejemplo es que el importante aumento del salario mínimo interprofesional beneficia a buen número de trabajadores a la vez que sirve para recaudar más cuotas de Seguridad Social y posiblemente impuestos. Pero también para aumentar considerablemente el número de personas que pueden cobrar el subsidio asistencial por desempleo para mayores de 52, uno de cuyos requisitos es no tener ingresos superiores al 75% del SMI. Lo cual es otra buena medida social, aunque, como tiene la particularidad de aportar cotizaciones a favor de sus beneficiarios equivalentes al 125% de la base mínima vigente en cada momento, puede ocurrir que cobrar una prestación asistencial genere cotizaciones que darán derecho a pensiones más altas que si se estuviera trabajando.
Enrique García Tomás fue Secretario del Consejo General de Graduados Sociales y es Colegiado Emérito del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz