El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla (COGSS), ha vuelto a reclamar – ante la apertura del año judicial 2022-2023, que tendrá lugar este miércoles 7 de septiembre – medidas de carácter urgente para solucionar el colapso que viene lastrando a la Justicia Social en la provincia. La corporación reclama actuaciones que repercutan en soluciones efectivas ante la demora y los retrasos acumulados, con procedimientos fechados incluso para 2025. Una situación que va en detrimento del derecho de la ciudadanía a la tutela judicial efectiva y rápida, lo que a efectos prácticos supone un incumplimiento de la Justicia Social.
Es este un problema enquistado en la Jurisdicción Social sevillana, que trata asuntos de especial sensibilidad para el ciudadano, y a la que los planes de refuerzo puestos en marcha desde la Consejería de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no han conseguido dar la solución necesaria y esperada.
Si bien, según ha señalado el presidente del COGSS, José Ramón Barrera, se están constatando la mejora en el funcionamiento con los juzgados de refuerzo, a pesar de que sigue pendiente de asignar Juez al número 13 – el último creado, cuya puesta en funcionamiento estaba prevista para finales de 2021 –, el colapso sigue siendo un problema real y patente. Muestra de ello son los señalamientos y juicios fijados para 2025. Una situación a todas luces insostenible y que repercute negativamente en los ciudadanos.
Los efectos de la pandemia de COVID-19, los ERTE y sus prórrogas, la renta mínima vital, los litigios por despidos en el contexto de crisis económica actual, entre otras cuestiones, han obligado a los tribunales de la Jurisdicción Social a asumir una carga de trabajo superior no ya a la deseable, sino a la que estos juzgados tienen capacidad de absorber y afrontar. Ante ello, Barrera ha vuelto a reclamar “una solución real que asegure el cumplimento efectivo de todo lo que se está legislando” y que asegure “el derecho de la ciudadanía a una Justicia de calidad”.
A juicio del presidente de los Graduados Sociales de Sevilla, la falta de medios técnicos y humanos está detrás de la demora en la Justicia, ya que Jueces, Letrados de la Administración y funcionarios se ven desbordados para atender “la cantidad de asuntos que entran o están pendientes de resolución judicial” al ser “materialmente imposible” abordarlos. En este sentido, José Ramón Barrera ha vuelto a reclamar el refuerzo de la Jurisdicción Social con la creación de nuevos órganos judiciales o “la reconversión de órganos judiciales contenciosos administrativos”, adhiriéndose así a la petición que vienen realizando los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de lo Social de Sevilla.