El director general de Justicia Juvenil y Cooperación de la Junta de Andalucía, Esteban Rondón, ha mantenido hoy una reunión con representantes del ámbito jurídico, en la que ha participado la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta, para abordar el desarrollo del programa de mediación intrajudicial en la provincia, entre otros asuntos de interés.
Durante el encuentro, se ha profundizado en el convenio suscrito entre la Consejería de Justicia y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, que establece la creación de una bolsa de mediadores laborales voluntarios compuesta por graduados sociales. Estos profesionales podrán intervenir en procedimientos judicializados en la jurisdicción social, con el objetivo de facilitar acuerdos entre las partes antes de la celebración del juicio.
José Blas Fernández Sánchez, presidente del Colegio de Cádiz y Ceuta y del Consejo Andaluz de Graduados Sociales, ha destacado la importancia de esta iniciativa: “La mediación intrajudicial permite una solución más ágil, humana y eficiente de los conflictos laborales. Es una vía que devuelve el protagonismo a las partes, fomenta el diálogo y reduce la tensión derivada de los litigios largos y costosos”. Asimismo, ha subrayado el papel clave que desempeñan los graduados sociales en este proceso gracias a su experiencia y formación específica en Derecho laboral.
Principales claves del protocolo de actuación para la mediación intrajudicial
El protocolo de actuación acordado define las bases para el funcionamiento de la mediación en el ámbito social, incluyendo principios fundamentales como la equidad, la confidencialidad, la autonomía de las partes, la eficiencia y la prevención de futuros conflictos. Se trata de un proceso voluntario, gratuito y confidencial, impulsado desde los órganos judiciales mediante derivación al Punto de Información para la Mediación en Andalucía (PIMA).
Entre los criterios para seleccionar los asuntos derivables se encuentran:
– Expectativa de continuidad de la relación laboral.
– Naturaleza del conflicto con fuerte componente personal o paralegal.
– Alta probabilidad de acuerdo entre las partes.
– Evitar precedentes jurídicos perjudiciales.
Se consideran especialmente idóneos para mediación asuntos como:
– Despidos.
– Reclamaciones de cantidad.
– Modificación de condiciones laborales y movilidad geográfica.
– Conciliación de la vida laboral y familiar.
– Impugnación de sanciones.
– Fijación de fechas de vacaciones y reducciones de jornada.
El procedimiento se inicia con una sesión informativa, y si ambas partes aceptan, se inicia la mediación formal. Las personas mediadoras, designadas por los colegios provinciales, deben iniciar el proceso en un plazo breve. El acuerdo alcanzado puede ser total o parcial y, en su caso, homologado judicialmente. En caso de no llegar a un acuerdo, el proceso judicial continúa sin demoras adicionales.
Desde el Colegio se ha resaltado que la implantación de esta fórmula alternativa no solo mejora la eficiencia en la resolución de conflictos, sino que también promueve una cultura de entendimiento mutuo y diálogo, muy necesaria en el contexto actual de alta litigiosidad.
El presidente ha estado acompañado por el vicepresidente primero del Colegio, Luis Carrasco Quiñones, y la secretaria general, Francisca Aragón Torres. Por parte de la Junta de Andalucía han participado la delegada territorial de Justicia, Ana María Bertón Belizón; el jefe provincial de los Letrados de la Administración de Justicia, José Manuel Seoane Sepúlveda; la secretaria general provincial, Begoña Díaz Astola; y el jefe de Justicia de la Delegación Territorial en Cádiz.
Del mismo modo, ha asistido a la reunión el magistrado Antonio Rodríguez García, juez decano de Cádiz.