Su presidente mantiene en Málaga una reunión institucional con el consejero de Justicia, a quien entrega un dossier con las principales necesidades y reivindicaciones de estos operadores jurídicos
El presidente del Consejo Andaluz valora positivamente la receptividad del nuevo equipo de la Consejería y confía en que el diálogo permita avanzar en soluciones para mejorar el funcionamiento de la Justicia
Málaga, 28 de octubre de 2026.- El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz Vegas, ha mantenido en Málaga una reunión institucional con el vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira Florentino, a quien ha trasladado las principales demandas y propuestas de mejora del colectivo profesional para afrontar los problemas estructurales y organizativos que afectan a la jurisdicción social en Andalucía.
Durante el encuentro, celebrado en la sede del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, Ruiz Vegas ha hecho entrega al consejero de un dossier de propuestas elaborado desde la experiencia y el conocimiento directo de estos profesionales, que intervienen diariamente en los procedimientos laborales y de Seguridad Social y desempeñan un papel esencial como operadores jurídicos y colaboradores de la Administración de Justicia.
El documento recoge una serie de actuaciones prioritarias dirigidas a reducir la sobrecarga de los órganos judiciales, mejorar su funcionamiento, reforzar los recursos humanos y materiales y avanzar en la implantación efectiva de mecanismos de mediación que permitan agilizar la resolución de los conflictos laborales.
Eduardo Ruiz Vegas ha valorado favorablemente el desarrollo de este primer encuentro con el nuevo responsable autonómico de Justicia, destacando especialmente la disposición al diálogo y la receptividad mostradas tanto por el consejero como por los responsables de su equipo.
«Hemos podido trasladar con absoluta claridad los problemas que encontramos diariamente en los órganos de la jurisdicción social y las propuestas que consideramos necesarias para mejorar su funcionamiento. La impresión de esta primera reunión ha sido positiva, porque hemos encontrado una actitud receptiva, voluntad de escuchar y disposición para colaborar», ha señalado el presidente del Consejo Andaluz.
Entre las principales reivindicaciones trasladadas al consejero destaca la necesidad de ampliar la planta judicial de la jurisdicción social en aquellos partidos judiciales que soportan una mayor carga de trabajo, así como promover una distribución más eficiente de los recursos humanos disponibles.
El Consejo Andaluz considera igualmente necesario revisar y reajustar las plantillas en el contexto de implantación de la nueva Oficina Judicial, con el objetivo de evitar disfunciones organizativas y garantizar que el proceso de transformación de la Administración de Justicia se traduzca en una mejora real del servicio que reciben ciudadanos, empresas y profesionales.
A estas propuestas se suma la mejora de los sistemas de información de las sedes judiciales, especialmente importante ante los cambios organizativos derivados de la puesta en marcha de los Tribunales de Instancia.
La institución colegial recuerda que la sobrecarga de trabajo, los retrasos procesales y las dificultades organizativas de los juzgados de lo Social tienen consecuencias directas sobre los derechos de las personas trabajadoras y la seguridad jurídica de las empresas, por lo que considera imprescindible abordar estas deficiencias mediante una actuación coordinada de las administraciones competentes.
Otro de los asuntos centrales de la reunión ha sido el desarrollo efectivo de la mediación intrajudicial en el ámbito laboral, una iniciativa en la que el Consejo Andaluz de Graduados Sociales viene trabajando activamente y que considera fundamental para contribuir a descongestionar los juzgados y facilitar soluciones consensuadas a los conflictos.
En este sentido, Eduardo Ruiz ha planteado la necesidad de avanzar en la aplicación del convenio suscrito en diciembre de 2024 entre el Consejo Andaluz y la Consejería de Justicia, mediante el cual se establecieron las bases para impulsar la mediación en los conflictos laborales judicializados.
El presidente ha solicitado que se arbitren los mecanismos necesarios para facilitar las derivaciones de asuntos a mediación, integrar estos procedimientos en el sistema informático judicial Adriano y establecer un sistema adecuado de compensación económica para los graduados sociales que desarrollen esta función mediadora.
Asimismo, ha planteado la adaptación de la herramienta digital Carpeta Justicia en Andalucía y la creación de foros periódicos de trabajo que permitan favorecer la unificación de criterios y mejorar la coordinación entre los distintos operadores de la jurisdicción social.
«Tenemos profesionales preparados, contamos con un convenio institucional y existe una necesidad evidente de reducir la litigiosidad. Ahora debemos avanzar para que la mediación se convierta en una herramienta verdaderamente operativa, con procedimientos de derivación ágiles y con los recursos necesarios para garantizar su funcionamiento», ha manifestado Ruiz Vegas.
En la reunión, Manuel Gavira ha estado acompañado por la secretaria general de Justicia de la Junta de Andalucía, María José Cañizares Castellanos; la directora general de Atención Judicial y Víctimas, Ana de Silva Molina, y la delegada territorial de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local en Málaga, Belén Rubio Gómez. Por parte de los graduados sociales ha participado también Francisco silva González, vocal del Consejo Andaluz y representantes del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla, presidido igualmente por Eduardo Ruiz Vegas.
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales reitera así su compromiso de mantener una colaboración institucional activa con la Junta de Andalucía y con el conjunto de las administraciones competentes para contribuir a una Justicia social más ágil, eficiente, accesible y adaptada a las necesidades de la ciudadanía y del tejido empresarial andaluz.
