El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba, el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España y la Fundación Justicia Social han celebrado hoy la cuarta edición de la Jornada Laboralista, dirigida a profesionales del Derecho Laboral y Recursos Humanos y a estudiantes del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Córdoba.
El encuentro, celebrado en el Hotel Córdoba Center, ha reunido a una amplia representación de profesionales y operadores jurídicos del Orden Social, corriendo la inauguración a cargo de una representación de las instituciones organizadoras.
La primera ponencia ha estado dedicada al tema de la “Problemática actual en la contratación de fijos discontinuos”, a cargo del magistrado Antonio Jesús Rodríguez Castilla, del Juzgado de lo Social n.º 3 de Córdoba.
Tras un breve descanso, la segunda ponencia ha abordado “El futuro de la Jurisdicción Social: reformas legislativas en trámite”, a cargo de Fernando Salinas Molina, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo (Sala IV de lo Social).
Ya por la tarde, la presidenta magistrada de la Sala IV de lo Social del Tribunal Supremo, Rosa María Virolés Piñol, ha pronunciado una conferencia bajo el título “La indemnización del despido improcedente. La calificación del despido en IT. Influencia de la Ley 15/2022”.
Posteriormente, ha sido el turno de Antonio Vicente Sempere Navarro, magistrado del Tribunal Supremo (Sala IV de lo Social), para disertar sobre “Jurisprudencia reciente sobre forma y causas de despido disciplinario”.
Por último, Ana María Orellana Cano, magistrada especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha cerrado las ponencias el tema “La implantación de sistemas de inteligencia artificial por las empresas. Una aproximación a la Propuesta de Reglamento Europeo de IA”.
La presidenta del Colegio cordobés, Carmen María Coto, ha expresado su satisfacción por la organización de esta IV Jornada y la respuesta de los profesionales que han participado en la misma. “Nuestra corporación, junto al Consejo General y la Fundación Justicia Social, hemos podido ofrecer un abanico de temas relacionados con nuestro desempeño profesional. La formación continua de los profesionales y operadores jurídicos es una de las metas más importantes para una institución como la nuestra, a través de la actualización constante en materia normativa y de procedimientos, esencial para las empresas y trabajadores a los que prestamos nuestros servicios”, ha indicado la presidenta.