El plan distribuye áreas de responsabilidad entre los ocho colegios provinciales y fija actuaciones en ámbitos como la Justicia, la mediación laboral, el absentismo, la extranjería, la prevención de riesgos laborales, la formación, la universidad y las relaciones institucionales
Eduardo Ruiz Vegas: «Queremos un Consejo más coordinado, participativo y útil, capaz de transformar la experiencia de cada colegio en proyectos que beneficien al conjunto de la profesión en Andalucía»
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales ha aprobado su nueva organización interna y sus líneas estratégicas de actuación durante el último pleno de la corporación, celebrado el pasado 26 de junio en Antequera.
La nueva hoja de ruta establece una distribución de cometidos entre los colegios oficiales de las ocho provincias andaluzas, además de las demarcaciones de Ceuta y Melilla, competencia de las corporaciones de Cádiz y Málaga, respectivamente, con el objetivo de aprovechar la experiencia, la especialización y la capacidad de trabajo de cada corporación territorial.
El plan busca reforzar la coordinación entre los colegios, evitar duplicidades, generar sinergias y convertir al Consejo Andaluz en una organización más operativa, capaz de promover proyectos de ámbito autonómico y de mantener una interlocución permanente con las administraciones públicas, los órganos judiciales, las universidades, las organizaciones empresariales y sindicales y el resto de las instituciones vinculadas al mundo del trabajo y de la Seguridad Social.
La organización y las líneas de actuación fueron definidas en el pleno de Antequera y recogidas posteriormente en el documento remitido a los integrantes de la corporación.
«Este plan representa una nueva etapa para el Consejo Andaluz. Queremos que cada colegio provincial tenga un papel activo y reconocible, que aporte su conocimiento y que lidere aquellas materias en las que puede generar un mayor valor para el conjunto de los graduados y graduadas sociales», ha señalado el presidente del Consejo Andaluz, Eduardo Ruiz Vegas.
El presidente ha explicado que esta distribución de responsabilidades «no fragmenta la actuación del Consejo, sino que la fortalece», ya que todas las iniciativas se desarrollarán bajo una estrategia común y con mecanismos permanentes de coordinación, seguimiento e intercambio de información.
Una estructura de trabajo compartida
El modelo aprobado parte de la participación directa de todos los colegios oficiales en la definición y ejecución de las políticas del Consejo. Cada corporación provincial asumirá la coordinación de varias áreas estratégicas, sin perjuicio de la colaboración del resto de colegios y de la dirección común ejercida por los órganos de gobierno del Consejo Andaluz.
De este modo, el plan combina la representación institucional de la profesión con el estudio de los principales retos laborales y sociales de Andalucía, la promoción de la formación especializada, la mejora del ejercicio profesional y el fortalecimiento de las relaciones con las administraciones y con el sistema universitario.
Almería: extranjería, absentismo y colaboración privada
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería asumirá el impulso de un observatorio y un programa de promoción de la formación en materia de extranjería dirigido a los colegios andaluces.
Esta línea responde a la creciente importancia que tienen los procedimientos de extranjería, movilidad laboral y contratación de personas trabajadoras extranjeras dentro del ejercicio profesional de los graduados sociales.
Almería coordinará igualmente el Observatorio del Absentismo en Andalucía, con una atención especial a sus efectos sobre las pequeñas y medianas empresas. Este instrumento permitirá analizar la evolución del absentismo, sus causas, su impacto económico y organizativo y las posibles medidas de prevención, coordinación y mejora.
El colegio almeriense se encargará también de gestionar y canalizar las colaboraciones de entidades privadas con el Consejo Andaluz, favoreciendo alianzas que puedan contribuir a la formación, modernización y prestación de nuevos servicios para la profesión.
Cádiz y Ceuta: Justicia Social, ciudades autónomas y jurisdicción social
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta será responsable de la organización de los Premios Justicia Social Andaluza, una iniciativa destinada a reconocer a personas, instituciones y entidades que hayan contribuido de manera relevante a la defensa de los derechos laborales, la protección social y la mejora de la Justicia.
También coordinará las actuaciones relacionadas con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, atendiendo sus particularidades territoriales, administrativas y profesionales y favoreciendo su integración efectiva en las políticas del Consejo Andaluz.
Cádiz y Ceuta asumirá, asimismo, las relaciones institucionales con la Delegación del Gobierno de España en Andalucía y promoverá un Observatorio del Ejercicio Profesional en la Jurisdicción Social.
Este observatorio permitirá conocer las condiciones en las que los graduados sociales ejercen ante los juzgados y tribunales del orden social, identificar incidencias, retrasos o necesidades y elaborar propuestas orientadas a mejorar el funcionamiento del servicio público de Justicia.
Córdoba: Justicia, mediación y laboratorios sociales
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Córdoba coordinará las relaciones del Consejo con la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía.
Esta interlocución abarcará cuestiones relacionadas con la organización y modernización de la Administración de Justicia, la dotación de medios humanos y materiales, el funcionamiento de los órganos judiciales y la participación de los graduados sociales como operadores jurídicos especializados en el orden social.
Córdoba impulsará también el fomento de la mediación intrajudicial laboral entre los colegiados, promoviendo la formación y participación de los profesionales en procedimientos que permitan alcanzar soluciones consensuadas y reducir los tiempos de respuesta judicial.
Otra de sus líneas será la promoción de los denominados laboratorios sociales entre las facultades universitarias y los colegios oficiales andaluces. Estos espacios de colaboración permitirán estudiar problemas laborales reales, acercar la universidad a la práctica profesional y facilitar la transferencia de conocimiento.
Granada: TSJA, colegiación y universidad
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada asumirá las relaciones institucionales con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, especialmente en aquellas cuestiones que afecten al orden jurisdiccional social y al ejercicio profesional de los graduados sociales.
También desarrollará estudios y estrategias para favorecer el aumento de la colegiación y para promover una mayor participación de las personas colegiadas en la vida y en las actividades de los colegios provinciales.
Esta área analizará las necesidades de los profesionales jóvenes, las nuevas formas de ejercicio y las medidas que puedan contribuir a incrementar el sentimiento de pertenencia y la implicación en las corporaciones colegiales.
Granada será responsable, además, de las relaciones con la presidencia de los decanos y decanas de las facultades de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Andalucía, fortaleciendo la conexión entre formación universitaria, colegiación y acceso al ejercicio profesional.
Huelva: políticas sociales, relaciones hispano-portuguesas y prevención
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Huelva coordinará las relaciones con la consejería de la Junta de Andalucía competente en materia de igualdad, políticas sociales y conciliación.
Entre sus cometidos se encuentra igualmente la puesta en marcha de un Observatorio de las Relaciones Laborales Hispano-Portuguesas, orientado al estudio de la movilidad laboral, la cooperación transfronteriza y las particularidades de las relaciones laborales entre ambos países.
Huelva promoverá, asimismo, un Observatorio de la Formación en Prevención de Riesgos Laborales para las PYMES, destinado a analizar las necesidades formativas de las pequeñas y medianas empresas y a fomentar una cultura preventiva más eficaz.
Jaén: sector agrario y prevención de riesgos laborales
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén liderará un observatorio sobre la formación y la práctica profesional en el ámbito agrolaboral.
El objetivo será analizar las relaciones laborales propias del sector agrario, las necesidades de especialización de los profesionales y las particularidades que presentan la contratación, la Seguridad Social y la prevención de riesgos laborales en este ámbito.
Jaén coordinará también las relaciones con la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, así como con los Centros de Prevención de Riesgos Laborales de la Administración autonómica en todo lo relacionado con el área agrolaboral.
Málaga y Melilla: orientación jurídico-laboral y formación especializada
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Málaga y Melilla asumirá la coordinación de los Servicios de Orientación Jurídico-Laboral y de Seguridad Social de Andalucía, integrados dentro de una red autonómica de orientación.
Esta iniciativa pretende avanzar hacia una estructura coordinada que facilite información y orientación especializada a la ciudadanía y que permita compartir protocolos, recursos y experiencias entre los distintos colegios.
Málaga y Melilla promoverá, además, los ciclos de formación especializada “Aula Práctica Graduado Social”, concebidos como programas eminentemente prácticos y dirigidos a actualizar los conocimientos de los profesionales en las materias que afectan directamente a su actividad.
El colegio malagueño coordinará igualmente las relaciones con la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía.
Sevilla: Inspección de Trabajo, relaciones laborales y reforma estatutaria
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Sevilla asumirá las relaciones con la Asociación Nacional de Decanos de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y con la Dirección Territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social encargada de la coordinación regional.
También se responsabilizará de las relaciones con el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, reforzando la presencia de la profesión en los espacios de diálogo, estudio y análisis del mercado laboral andaluz.
Entre sus principales cometidos figura el estudio y preparación de una posible reforma de los Estatutos del Consejo Andaluz, adaptando el funcionamiento de la corporación a las necesidades actuales de la profesión.
Sevilla realizará, además, un seguimiento de las medidas necesarias para favorecer la incorporación y representación de los colegiados no ejercientes en las juntas de gobierno, con el propósito de recuperar y reforzar su participación en la vida colegial.
Nueva composición de los órganos de gobierno
La Comisión Permanente del Consejo Andaluz queda presidida por Eduardo Ruiz Vegas, acompañado por María del Mar Ayala Andújar, como vicepresidenta; Ana María Ruiz Girona, como secretaria; José María Morales Sánchez, como tesorero, y Luis Miguel Alonso Santamarta, como vocal de la Permanente.
Como vocales natos forman parte del Consejo los presidentes y presidentas de los ocho colegios provinciales: María del Mar Ayala Andújar, por Almería; José Blas Fernández Sánchez, por Cádiz y Ceuta; Carmen María Castro Coto, por Córdoba; Ana María Ruiz Bachs, por Granada; María Isabel González Benítez, por Huelva; José Luis Rodríguez Morillas, por Jaén; Eduardo Ruiz Vegas, por Málaga y Melilla, y Juan Antonio Montes Montero, por Sevilla.
Los vocales electos son Salvador Rodríguez Cañadas, por Almería; Luis Carrasco Quiñones, por Cádiz; Luis Miguel Alonso Santamaría, por Córdoba; José María Morales Sánchez, por Granada; María Dolores Martínez Suárez, por Huelva; Antonio Gallego Contreras, por Jaén; Francisco Silva González, por Málaga, y Ana María Ruiz Girona, por Sevilla.
El organigrama incorpora igualmente a José Blas Fernández Sánchez como presidente de Honor y presidente emérito del Consejo Andaluz, en reconocimiento a su trayectoria y a los servicios prestados a la profesión y a la corporación autonómica.
Un Consejo abierto a la participación
La hoja de ruta aprobada se concibe como un documento abierto a la participación de los colegios y de las personas colegiadas. Cada área deberá avanzar en la definición de proyectos concretos, calendarios de actuación y fórmulas de colaboración con las entidades públicas y privadas relacionadas con cada materia.
El Consejo Andaluz pretende que los observatorios incluidos en el plan no se limiten a recopilar información, sino que permitan elaborar diagnósticos, informes, propuestas y posicionamientos profesionales que puedan ser trasladados a las administraciones y a la sociedad.
«Los graduados sociales estamos presentes cada día en los juzgados, en las empresas, en los despachos, en las administraciones y junto a las personas trabajadoras. Esa experiencia nos permite detectar problemas y proponer soluciones realistas. Nuestro objetivo es convertir ese conocimiento profesional en una aportación útil para Andalucía», ha afirmado Eduardo Ruiz Vegas.
El presidente ha destacado también que el plan permitirá mantener una interlocución «más ordenada, especializada y constante» con los grupos de interés de la corporación.
«Aspiramos a que las administraciones, los órganos judiciales, las universidades y los agentes económicos y sociales encuentren en el Consejo Andaluz un interlocutor solvente, constructivo y comprometido con la mejora de las relaciones laborales, la protección social y el funcionamiento de la Justicia», ha concluido.