Cursos de verano UNIA: Un modelo de Justicia para Andalucía

Las competencias en materia de justicia son compartidas por Gobierno, CGPJ y Junta de Andalucía. Nuestra comunidad es el 2º gran territorio con competencias en materia de Justicia de España, tanto en extensión como en población y en número de órganos judiciales.
Contamos con más de 11260 personas entre jueces, fiscales, LAJ y funcionarios de la Administración de Justicia que desempeñan su trabajo en 739 órganos judiciales y 700 juzgados de paz ubicados en 85 partidos judiciales andaluces. Andalucía por su situación geográfica tiene unas características únicas en Europa que hacen que demande un Modelo de Justicia propio que contribuya a garantizar, dentro de sus competencias, los derechos fundamentales, de respuesta a los retos de la sociedad andaluza y sirva de respaldo a su proyección exterior y crecimiento económico.

El volumen de litigiosidad crece, en 2022 se ingresaron 1254304 asuntos, volumen que requiere un modelo que transforme las oficinas judiciales de la Comunidad tanto en infraestructuras como la organización del trabajo interno. A esta finalidad responde El Plan Estratégico que incorpora un Plan de infraestructuras, la implantación de la Oficina Judicial y la apuesta por medios adecuados de solución de controversias.
La implantación de la nueva oficina judicial debe contribuir a la reorganización del personal de los partidos judiciales. La clave se encuentra en trascender del tradicional Juzgado servido por un numero variable de funcionarios dependiendo de la jurisdicción y carga de trabajo a una oficina judicial en la que se crean las Upads y unos servicios comunes del partido judicial para ser más eficaces y eficientes en las labores de comunicación, atención al ciudadano y ejecución.
La modernización y digitalización que está produciéndose en muchos sectores y que absorbe nuestra vida cotidiana debe llegar a la oficina judicial. Estos cambios requieren que exista seguridad jurídica tanto para el personal al servicio de la justicia e interlocutores como los justiciables. Esta adaptación tecnológica que comenzó con la Ley 18/2011 ya superada por el Real Decreto-ley 6/2023, requiere, además de un cambio de cultura y una inversión económica en equipos y en la adaptación de los espacios e instalaciones. De acuerdo con el reparto de competencias existentes, el Ministerio de la Presidencia debe garantizar esta financiación.
Todos estos son los mimbres y el contenido con el que hay que diseñar un modelo de justicia para Andalucía. Nuestra Comunidad se ha de dotar de una planificación que incluya una guía donde se recoja y detecte la realidad de nuestro sistema judicial, las carencias y los desafíos a los que se enfrenta.

Para alcanzar estos objetivos es necesario dar a conocer las actuaciones que se están llevan a cabo desde la administración autonómica, analizarlas y reunir la visión de los agentes que participan en el sistema judicial.

La finalidad del curso es acercar la Consejería de Justicia a la ciudadanía y a los sectores de la esfera judicial. Es fundamental establecer un punto de encuentro abierto donde se pueda poner en común la visión que tienen los profesionales del sector sobre los retos a los que se enfrenta la justicia en los próximos años y ofrecer soluciones y nuevas perspectivas sobre el futuro y la necesaria modernización de la planta judicial andaluza.

CV Un modelo de Justicia para Andalucia