El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales viene mostrando su total disposición para colaborar con la Junta de Andalucía y el Ministerio de Justicia en la búsqueda de soluciones conjuntas ante la compleja situación de la Jurisdicción Social en la comunidad. Tras el análisis de la última Memoria de Actividades y Funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el colectivo mantiene su predisposición por sumar sinergias y activar un diálogo fluido que permita agilizar los juzgados y garantizar una respuesta eficiente a los ciudadanos y empresas andaluzas.
Según los datos recogidos en la Memoria, la jurisdicción social andaluza cerró 2025 con 128.103 asuntos pendientes, un 6 % más que el año anterior. Con esta evolución, la justicia en el ámbito social aumenta su déficit en la atención al ciudadano en asuntos tan sensibles como los despidos, la conciliación familiar y laboral, las prestaciones de Seguridad Social, entre otros.
El Consejo Andaluz considera igualmente alarmante el dato relativo a las suspensiones. En 2025, los juzgados de lo Social celebraron 31.732 juicios de los 69.354 señalados, lo que significa que 37.622 juicios no llegaron a celebrarse, manteniendo así el mayor porcentaje de suspensiones de todos los órdenes jurisdiccionales, con un 54 %.
La situación también alcanza a la Sala de lo Social del TSJA, que ingresó 10.233 asuntos, resolvió 9.484 y cerró el año con 11.813 pendientes, un 9 % más. La sede de Sevilla presenta el escenario más preocupante, con 8.070 asuntos pendientes y una tasa estimada de resolución de la pendencia de 24 meses, frente a los 11 meses de Granada y los 4 de Málaga.
Ante esta alarmante situación, el Consejo Andaluz de Graduados Sociales considera necesario potenciar la mediación intrajudicial social, como una alternativa disponible y que solamente necesita unir voluntades para que pueda ser una realidad que alivie la acumulación de asuntos pendientes de resolución judicial. En este sentido, desde la firma del acuerdo con la Consejería de Justicia para este cometido, el pasado 18 de diciembre de 2024, los colegios de Graduados Sociales andaluces, han creado las bolsas de mediadores que están disponibles para recibir la derivación de asuntos, con ello, este colectivo tiende la mano a la Administración de Justicia para ofrecer su ayuda.
“Los graduados sociales somos operadores jurídicos esenciales en el ámbito sociolaboral y conocemos de primera mano el impacto humano y económico de estos retrasos. Estamos ante un problema social de mucho calado que necesita de una respuesta eficaz y que traslade al ciudadano y a las empresas la certidumbre que necesita ante una situación de conflicto laboral que tiene un especto vital muy importante y que, por tanto, necesita una resolución ágil y rápida”, manifiesta Eduardo Ruiz Vegas, presidente del Consejo Andaluz.