El Colegio se esfuerza en perpetuar la conexión histórica de Cádiz con la creación del Alto Tribunal en el Palacio de Recaño en 1812
El Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y Ceuta ha celebrado una reunión con el alcalde de Cádiz, Bruno García, para solicitar su respaldo y liderazgo “en un proyecto significativo y de gran relevancia histórica y jurídica”, afirma su presidente José Blas Fernández. El Colegio se esfuerza por perpetuar la conexión histórica de Cádiz con la creación del Tribunal Supremo en 1812, un acontecimiento cuyo impacto se extendió por todo el mundo iberoamericano a raíz de la primera Constitución Española. Su sede fue el Palacio de Recaño, actual Museo del Carnaval.
La corporación de operadores jurídicos del Orden Social y Mercantil ha solicitado al alcalde Bruno García la colaboración del Ayuntamiento en la creación de un ente que tenga como objetivo exaltar y perpetuar la importancia de Cádiz en el nacimiento del primer Tribunal Supremo. La propuesta incluye la formación de una fundación liderada por el propio Ayuntamiento, con la participación de diversas entidades e instituciones relacionadas con el ámbito de la Justicia. El Colegio de Graduados Sociales ha mencionado específicamente al Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía, los colegios de los profesionales del Derecho en Cádiz, la Universidad, y otros importantes estamentos jurídicos como la Audiencia Provincial de Cádiz y el Decanato de jueces.
El propósito de esta fundación sería convertirse en el centro neurálgico de eventos jurídicos, académicos, encuentros y actividades de estudio en todas las ramas del Derecho. La fundación se posicionaría como un referente iberoamericano en cuanto a garantías jurídicas de los Estados de Derecho, involucrando a todas las antiguas colonias bajo la tutela del primer Tribunal Supremo creado por la Constitución de Cádiz de 1812. Para este fin, los graduados sociales han sugerido varias posibles ubicaciones para la
fundación, incluyendo la futura Ciudad de la Justicia o cualquier otro inmueble que el Ayuntamiento considere adecuado. Este centro sería un punto de encuentro continuo para juristas y profesionales del Derecho, incluidos jueces, fiscales y catedráticos especializados.