Eduardo Ruiz reclama más recursos para la jurisdicción social y ofrece la colaboración de la profesión para reducir la sobrecarga judicial mediante la mediación y otros mecanismos de resolución de conflictos
El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales considera que el refuerzo de plazas judiciales aprobado por el Gobierno mediante el Real Decreto 559/2026, en el último Consejo de Ministros, constituye un avance positivo para mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, aunque lo considera insuficiente para responder a las necesidades reales de Andalucía, la comunidad autónoma más poblada de España y una de las que registra una mayor litigiosidad.
El análisis elaborado por el Consejo Andaluz pone de manifiesto que Andalucía contará con 86 nuevas plazas judiciales territorializadas —95 si se incluyen los jueces de adscripción territorial del ámbito del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla—, de las que trece corresponden específicamente a la jurisdicción social.
Sin embargo, la corporación profesional destaca que Cataluña recibirá 91 plazas territorializadas, cinco más que Andalucía, pese a contar con una población inferior. La diferencia también resulta significativa en términos relativos: mientras Cataluña dispondrá de 1,11 nuevas plazas por cada 100.000 habitantes, Andalucía se sitúa en 0,98, una ratio que, a juicio del Consejo, no refleja adecuadamente el peso poblacional ni la elevada carga de trabajo que soportan los órganos judiciales andaluces.
A esta circunstancia se suma que Andalucía continúa situándose entre las comunidades autónomas con una litigiosidad superior a la media nacional y mantiene un importante volumen de asuntos pendientes, especialmente en la jurisdicción social, donde permanecen en tramitación cerca de 120.000 procedimientos, una situación que repercute directamente en los tiempos de respuesta que soportan ciudadanos, trabajadores, empresas y profesionales.
El presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales, Eduardo Ruiz Vegas, ha señalado que «valoramos positivamente cualquier esfuerzo dirigido a reforzar la Administración de Justicia, pero Andalucía necesita una planificación acorde con su realidad demográfica y judicial. No basta con atender al número absoluto de plazas; es imprescindible hacerlo también en función de la población, de la litigiosidad y de la carga efectiva de trabajo que soportan nuestros órganos judiciales». Ruiz ha añadido que «la creación de nuevas plazas constituye un paso en la buena dirección, pero todavía insuficiente para reducir los importantes retrasos que siguen registrándose en la jurisdicción social, donde los tiempos de espera para la celebración de los juicios continúan siendo excesivos y afectan tanto a trabajadores como a empresas».
El Consejo Andaluz considera que la mejora del servicio público de Justicia requiere una estrategia sostenida en el tiempo que combine el incremento de recursos humanos con una adecuada dotación de medios materiales y tecnológicos, especialmente tras la implantación del nuevo modelo organizativo derivado de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
En este contexto, la corporación ha querido poner en valor la colaboración permanente que los Graduados Sociales vienen prestando a la Administración de Justicia como operadores jurídicos especializados en el orden jurisdiccional social. «Los Graduados Sociales llevamos décadas contribuyendo al buen funcionamiento de la Justicia Social y queremos seguir formando parte de las soluciones. Nuestro compromiso con la Administración de Justicia es absoluto y seguiremos colaborando en todas aquellas iniciativas que permitan ofrecer una respuesta más ágil y eficaz a la ciudadanía», ha manifestado Eduardo Ruiz Vegas.
Entre esas aportaciones, el Consejo destaca el trabajo que vienen desarrollando los colegios profesionales andaluces mediante sus bolsas de mediadores especializados y el impulso de los mecanismos adecuados de solución de controversias (MASC), en especial la mediación intrajudicial social y que contribuyen a reducir la carga de trabajo de los órganos jurisdiccionales. «Creemos firmemente en la mediación como una herramienta útil para favorecer acuerdos, reducir la litigiosidad y descargar de asuntos a los juzgados. Los Graduados Sociales contamos con la formación, la experiencia y la especialización necesarias para desempeñar un papel relevante en ese proceso de modernización de la Justicia», ha explicado el presidente del Consejo.
El análisis realizado por el Consejo Andaluz también pone de relieve que, aunque la programación aprobada corrige parcialmente algunos déficits existentes en provincias como Málaga, Sevilla, Cádiz, Almería y ciudades como Jerez de la Frontera, siguen siendo necesarios nuevos refuerzos en diversos partidos judiciales andaluces, especialmente en aquellos donde la sobrecarga continúa siendo especialmente elevada dentro del orden jurisdiccional social. Por todo ello, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales hace un llamamiento a las administraciones competentes para mantener una política continuada de inversión en la Administración de Justicia que permita adecuar los recursos disponibles a las necesidades reales de Andalucía y garantizar un servicio público más ágil, eficiente y cercano a la ciudadanía.